Brasil: una señal a favor de la seguridad jurídica, marca y buenas prácticas
Martes, 5 de Mayo de 2026
Brasil: una señal a favor de la seguridad jurídica, marca y buenas prácticas.
El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) publicó la semana pasada una resolución que establece nuevas directrices para el comercio de gas licuado de petróleo (GLP) tras la entrada en vigor de la Ley 15.348, que establece definitivamente al programa "Gas del Pueblo" como política de Estado.
Además de definir parámetros que permiten la continuidad de la política pública creada en 2025, la normativa garantiza la seguridad jurídica del sector, beneficiando tanto a productores como a consumidores.
La resolución también confirma el requisito de un modelo de venta de GLP predosificado, en el que las ventas se realizan en cilindros sellados de hasta 13 kilos. Esto prohíbe las ventas fraccionadas, en las que un cilindro usado se rellena hasta un volumen específico, como se hace con los tanques de gasolina.
Para entender la información se debe recordar que el sector del envasado de GLP viene con un diálogo intenso con la Agencia Nacional del Petróleo, el Gas y Energías Renovables (ANP), que pretende darle al negocio del gas envasado un nuevo encuadre jurídico. Lo que más se cuestiona es que se abre la posibilidad de la recarga de envases por afuera de las plantas de envasado. Lo cual destruye el concepto de seguridad para el usuario final y la marca.
Por otro lado, la CNPE no es un organismo menor. Sino todo lo contrario. Creado en 1997 y dependiente del Ministerio de Minas y Energía (MME), es el órgano máximo de asesoramiento al Presidente de la República para formular políticas energéticas. Se enfoca en la seguridad energética, la transición energética, el uso racional de recursos y la expansión de biocombustibles, entre otras cosas.
Esta iniciativa refuerza el papel del GLP como insumo esencial para el consumo doméstico, especialmente entre las familias de bajos ingresos, y en el marco del establecimiento del Programa Gas del Pueblo (Gás do Povo) como una política pública permanente con la promulgación de la Ley 15.348, que garantiza recargas gratuitas de bombonas de gas de 13 kilogramos para familias de bajos ingresos. Y de esta forma, lo que se intenta es reducir los riesgos asociados a la informalidad en el sector.
La directriz también alinea la política energética nacional con los objetivos más amplios de seguridad, calidad y regularidad del suministro.
