Viernes, 3 de Mayo de 2024
Al eliminar el arbitraje del Estado, pone en igualdad de condiciones de abastecimiento el mercado interno como los mercados internacionales.
La nueva Ley Bases que el Gobierno Nacional logró aprobar en la Cámara de Diputados, y ahora será tarada en la de Senadores, presenta una problemática particular el sector del fraccionado y distribución del gas licuado de petróleo (GLP), según parece.
El proyecto, en materia energética, introduce alrededor de 40 modificaciones a la Ley Nº 17.319, conocida como la de Hidrocarburos, fechada en 1967, y nunca modificada por los diferentes gobiernos, desde entonces hasta ahora.
El proyecto presenta una modificación clave en el Artículo 6 de la Ley Nº 17.319, que desde su sanción privilegió el abastecimiento del mercado interno antes que la exportación, tanto del petróleo, el gas y sus derivados. De esta forma, pone en igualdad de condiciones el mercado interno como los internacionales.
También esa Ley, aunque no precisa ni nombra la Ley Nº 26.020 del GLP, su implementación también podría llevarse por delante dicha legislación, que prioriza el abastecimiento del mercado interno por sobre la exportación.
La modificación conlleva a que el Estado pierda capacidad de control y autorización para exportar recursos estratégicos y sus derivados, como no sucede en la mayoría de países del mundo.
Al poner en igualdad de condiciones tanto el mercado interno como los mercados de exportación, se podría dejar al mercado interno sin producto, como puede ser con el GLP, el gas natural o el petróleo. Algunos dicen que Vaca Muerta mediante, eso no sucederá porque habrá suficiente producto para mercado propio y externos. Sin embargo, no está bien que el Estado pierda esa capacidad de arbitraje.
Por ejemplo, y a modo hipotético y aclaratorio de la cuestión, si un país decidiera comprar a mejor precio que lo que se paga en el mercado interno, el GLP que produce la Argentina, las productoras tendrían la facultad de hacerlo y dejar sin producto al mercado interno. Y, por consiguiente, los fraccionadores deberían importar, o pagar un precio más caro que de lo que se exporta.
Resulta raro encontrar algo similar, tanto en las potencias económicas como en países de mediano desarrollo, de que un país ceda a la producción una herramienta de decisión estratégica. Esa es una modificación que le puede salir muy caro al país.
Vayamos en cómo podría afectarle al fraccionado y a la distribución.
Por ejemplo, empresas productoras deciden no vender más al mercado interno por distintos motivos. Los fraccionadores tendrían que comenzar a importar, sabiendo todos los mayores costos que eso implica.
Es lógico pensar esa posible situación en los países que no son productores o que su producción interna no alcanza para el autoabastecimiento. Entonces, ahí los fraccionadores o envasadores se convierten en importadores. Pero Argentina, Vaca Muerta mediante, será un proveedor regional por excelencia. Y ahí es donde resulta extraño esta posible realidad futura.
Entonces, se podría suponer que las grandes fraccionadoras podrían afrontar ese tipo de logística y compra al exterior. Sin embargo, habría que ver si lo pueden hacer las empresas medianas y regionales.
Otro inconveniente que podría surgir, por ejemplo, sería que una empresa de integración vertical, como es YPF (producción y fraccionado), decide no vender más a fraccionadores y concentra su producción para el mercado interno sólo en su cadena de comercialización y el resto de su producción la exporta.
No beneficiará a fraccionadores que son competencia, pero también tendría una posición dominante y competencia y rentabilidad diferencial, porque tendría menores costos frente a cualquiera de las otras competencias.
Todo esto que le podría suceder al fraccionado, también le podría pasar lo mismo a las empresas refinadores no productoras de naftas, por ejemplo.
Por todo esto, habrá que ver cómo actúa el sector y qué capacidad tiene de advertir a los legisladores de este problema oculto, pero trascendental que tiene el actual Proyecto de Ley Bases.