Uruguay: preocupación en el mercado del gas envasado, por cambio de reglas

Jueves, 17 de Noviembre de 2022

En febrero del 2023 finalizarán los contratos que mantiene ANCAP, que es la dueña de las dos plantas de envasado (2), que hoy operan ACODIKE Y RIOGAS. Con impugnaciones y desprolijidades, como conocerse detalles por la prensa, el nuevo modelo que presenta el Gobierno genera muchas dudas.

Las empresas ven con recelo la modificación las condiciones de alquiler e implementan cambios en todo el sistema, que incluye también el precio.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), está elaborando una nueva regulación del sector del gas envasado. Uno de los principales cambios es determinar un precio de intermediación que será el que ANCAP utilice para vender a los distribuidores. El gobierno sostiene que por vender con los actuales valores dejó de percibir unos 73 millones de dólares.

Con este y otros cambios buscan eliminar los acuerdos de ANCAP con ACODIKE y RIOGAS , que entre ambas distribuidoras acaparan el 60% del mercado, lo que a entender de las autoridades son un desincentivo para la competencia.

Por todo esto, en voz baja, las envasadoras hablan de “vicios legales”, mientras que los poderosos sindicatos, que nuclean a los trabajadores del sector, sostienen preocupación por el riesgo de posibles pérdidas fuentes de trabajo.

En los medios de comunicación uruguayos, las envasadoras   consideran que el hecho de que los pliegos circularan antes de ser presentados oficialmente y que los directores de GASUD tuvieran participación en la elaboración de los mismos, son suficiente prueba de que existen vicios legales graves.

A su vez, indicaron que “se presenta la posibilidad de que, con la apertura del mercado llegue una empresa extranjera y logre quedarse con una planta de envasado sin realizar ninguna inversión en el sector”.

Y en cuanto a una supuesta competencia, desde las envasadoras sostienen que “no es cierto el argumento de que una mayor competencia haga que el precio baje para el ciudadano, afirman desde las empresas, dado que el precio final es un valor fijado por el Poder Ejecutivo”.